La investigación del atentado contra la sede de AMIA debe constituir una cuestión de Estado; y la cuestión supera el enfoque singular de una causa donde se investiga un ilícito, para transformarse en una cuestión de gravedad institucional donde se pone a prueba tanto la capacidad del Estado argentino para lograr Justicia y condenar a los culpables, como así también la voluntad de las autoridades gubernamentales en esclarecer el hecho.

Fue en atencion a ello que, en su momento, se creó en la órbita del Poder Ejecutivo esta UNIDAD ESPECIAL DE INVESTIGACIÓN, para que coordine la acción de los organismos de la administración pública, en procura de la profundización de la investigación aún pendiente y la dilucidación de lo efectivamente ocurrido en torno al hecho pesquisado.

El informe que se acompaña reproduce el presentado por la Secretaría Ejecutiva de esa UNIDAD a las máximas autoridades de este Ministerio, en reseña de la gestión que se llevó adelante desde noviembre del año pasado, cuando quien suscribe fuera convocado a desempeñarse tras la renuncia de la Dra. Nilda Garré.

Sólo se ha suprimido la transcripción de algunas de sus partes, en virtud del resguardo de reserva que corresponde dar a su contenido; aunque completo ya ha sido remitido por el Secretario de Justicia y Asuntos Legislativos, a las autoridades judiciales intervinientes y a las instituciones comunitarias directamente afectadas por el tremendo hecho criminal.

En su primer mitad, refiere la labor que se llevó adelante para la profundización de cada una de las distintas líneas de investigación que conformaron el plan de acción adoptado para el curso del año, sea que aquellas aparezcan como propias de las etapas de planificación, cooperación y ejecución del atentado, sea que resulten más vinculadas con las que le sucedieran y pudieran haber estado destinadas tanto a hacer desaparecer los rastros o pruebas del delito, como a ayudar a sus responsables a eludir las investigaciones; asi como reseñó cuanto se realizara en procura de la obtención de un más apropiado marco institucional en la administración pública para proveer a los investigadores de la información que aún se necesita.

En la segunda parte, se destacan especialmente diversas situaciones de interés. Algunas, referidas a la tarea parcialmente desarrollada y que corresponde profundizar en procura de mayor información, vinculada tanto con lo que se ha dado en llamar "conexión internacional" como con el rastreo de los movimientos de fondos dinerarios en el exterior de aquellos a quienes se atribuye alguna participación ilícita. Otras, que también han sido reseñadas en extenso y requieren el concurso de diversas instancias institucionales, para la superación de los múltiples obstáculos que aún hoy se enfrentan al avance diligente de la investigación.

Entre estas últimas, se señalan en el informe aquellas que se vinculan sustancialmente con cuanto -ya desde esta UNIDAD, ya desde el tribunal encargado del juicio oral y público-, se ha requerido a quien hoy ejerce la titularidad del Poder Ejecutivo Nacional en relación con la Secretaría de Inteligencia, para que se levanten las limitaciones fijadas a sus agentes y puedan declarar sobre la actuación que les cupo en la investigación del atentado; para que se levante también el secreto de las investigaciones internas que se han llevado adelante sobre numerosas irregularidades que se denunciaran cometidas en esa actuación; y finalmente para que se profundicen esas investigaciones sobre distintas cuestiones que se consideraron deficientemente pesquisadas hasta el momento.

Asimismo, se ha señalado también otro grupo de cuestiones, a propósito de las cuales se ha instado la intervención de las autoridades de los otros poderes del Estado, para que no se retraiga el compromiso de todas sus instancias institucionales, en orden al control que les compete hacer del cuestionado desempeño que algunos han demostrado, según también fuera expuesto en detalle, y en procura de la revisión del actuar de los que, como se señalara, "obstruyen de manera evidente el accionar de la justicia y comprometen el debido esclarecimiento de los hechos materia de juzgamiento".

Para concluir, el informe que se eleva incluye también la propuesta de un plan de acción concreto para el próximo período; y en vista del desarrollo de cuanto queda por hacer, en sus concluciones se ha señalado que "se estima necesario que se transmita a todos y cada uno de los organismos de cualquiera de los poderes del Estado a los que les corresponda intervenir, la necesidad de revertir la falsa idea que pueda haberse concebido acerca de que el esfuerzo investigativo puede ya limitarse en vista de que se está desarrollando un juicio oral y público sobre algunas personas a las que se atribuye participación en el atentado".

Muy por el contrario. Se ha expuesto también en el informe la confianza en que el despliegue de la tarea que viene desarrollando el tribunal encargado del juicio, no sólo ha de permitir arribar a la justa determinación de las responsabilidades penales que corresponden, sino que contribuirá además y decididamente con la dilucidación de muchas de las numerosas cuestiones que aún se encuentran pendientes; y que por ello es precisamente que la tarea que queda por delante aún es mucha.

Con todo, el final del juicio nunca será el final de cuanto debe investigarse. Y como ya se expusiera, "reclamamos e impetramos el derecho al pleno conocimiento de los hechos. Conocer la verdad, toda la verdad: de eso se trata. Y sancionar a los culpables y a los responsables; intelectuales y materiales; instigadores, ejecutadores, financiadores, cómplices y encubridores. Por acción o por omisión. Repetimos: a todos. No es una pretensión utópica. Es la respuesta que esperamos".

Y es además la respuesta que nos hemos obligado a dar.