En relación a los dichos del Testigo "C", también corresponde destacar otra cuestión, que se vincula con la pesquisa que debe llevar adelante otro juez federal; y que importa un claro ejemplo de la ausencia de compromiso de algunos de los miembros del poder judicial con las investigaciones que sobre el atentado lleva adelante esta Unidad Especial.

Así, esta Secretaría Ejecutiva se presentó en el trámite en el que el juez Oyarbide dice estar investigando "si... Menem posee fondos dinerarios... que... podrían provenir del pago ilícito de una cuantiosa suma de dinero a fin de que el ex primer mandatario encubriera o influyera nocivamente en la investigación que la justicia argentina viene realizando con motivo del trágico atentado terrorista perpetrado contra la sede de la AMIA".

Y ello fue calificado por el propio magistrado, entre otros, en los términos con que el artículo 279 del código penal prevé el caso del funcionario público que con animo de lucro ayudare a eludir las investigaciones de la autoridad, u ocultare, alterare o hiciere desaparecer los rastros, pruebas o instrumentos del delito.

Así lo expuso en el auto de mérito que dictó en ese trámite el día 9 de octubre de este año 2002, al considerar que alli "se investiga la posible comisión por parte del ex-Presidente Menem de los siguientes delitos":

• "Cohecho y/o tráfico de influencias (arts. 256 y/ó 256 bis del Código Penal); al haber supuestamente recibido un soborno de parte de emisarios del gobierno iraní para encubrir la supuesta responsabilidad de tal gobierno en el atentado perpetrado a la sede de la AMIA en esta capital en 1994";

• "encubrimiento agravado por la condición de funcionario público (arts. 277 y 279 inc. 3° del Código Penal); al haber supuestamente favorecido a las autoridades iraníes para eludir su presunta responsabilidad en el referido atentado terrorista"; y

• "violación de los deberes de funcionario público (art. 248 del Código Penal); al haber supuestamente incumplido las obligaciones que, en virtud de su cargo, le correspondían, mediante la presunta realización de las conductas antes descriptas".

Sin mucho más, se aprecia ya la evidente y más que estrecha vinculación que esa pesquisa a su cargo tenía –y tiene- con las investigaciones que lleva adelante esta Unidad Especial.

Más aún si se advierte que el mencionado magistrado expuso entonces que en ese expediente se contaba ya con cierta "actividad jurisdiccional realizada tendiente a recabar los elementos de prueba atinentes a cada una de las imputaciones esbozadas".

Todo lo cual justifica entonces sobradamente el interés que funda la intervención que legalmente le corresponde a esta Unidad Especial para acceder a la colecta probatoria que podría estar concretandose en ese trámite, al menos en relación con esas "imputaciones esbozadas", que por otra parte, tienen la misma base fáctica que las pesquisadas por el juez Galeano en el legajo en que corresponde investigar los dichos del Testigo "C".

Se pidió entonces acceder a lo allí actuado para obtener sus copias, y se hizo saber además que pedidos como ese habían sido ya resueltos favorablemente en cuanta sede judicial se presentaran, incluidas tanto la Cámara Federal de Apelaciones o la Corte Suprema de Justicia de la Nación; en virtud del cumplimiento que el poder judicial debe hacer del artículo 131 del código procesal, que establece que "el tribunal ordenará la expedición de copias e informes, siempre que fueren solicitados por una autoridad pública [como lo es esta Unidad Especial]... que acredite legítimo interés en obtenerlos", como también es el caso.

Pese a todo ello, el juez Oyarbide negó a esta Secretaría la intervención a que lo obligaba la norma en cuestión, obstaculizando el acceso a actuaciones que pueden ser de utilidad para el desempeño a que está destinada.