Corresponde por último hacer una mención sobre el desarrollo del juicio
            que se está llevando adelante, desde hace más de un año, en relación con aquel grupo
            de personas a quienes se atribuye haber contribuido con quienes cometieron el atentado del
            caso; cuyas audiencias cuenta con la constante asistencia de esta Unidad Especial, en el
            marco del cumplimiento de sus tareas. 
            Pues ello ha permitido apreciar el modo con que el tribunal lleva
            adelante su actuación del que resulta un claro ejemplo la resolución recién
            aludida-, y el marco en que ello se produce con la presencia, incluso, de
            representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, convocados al efecto-,
            extremos que, frente al deterioro institucional que signara la anterior etapa de
            instrucción (plagada de irregularidades que como en otra ocasión se señalara,
            "pusieron en la superficie actos de corrupción pública y privada, que sin lugar a
            duda son las razones mismas de la sensación de impunidad que se vive actualmente"),
            aparecen como un imprescindible resguardo de institucionalidad que, más alla de algunos
            cuestionamientos que puedan surguir de distintas partes del proceso, se estima necesario
            contribuir a mantener.
            Entonces, se mociona para lo por venir, que más allá del
            mantenimiento del constante apoyo que esta Unidad Especial ha venido prestando a la labor
            del tribunal encargado del juicio en cuanto le fuera requerido, se insista con el
            compromiso que para con el proceso en curso se requiere del resto de los poderes
            públicos, con la confianza en que el despliegue de la tarea que vienen desarrollando
            aquellos jueces, contribuya decididamente a la dilucidación de las numerosas cuestiones
            que aún se encuentran pendientes y permita arribar a la justa determinación de las
            responsabilidades que en todo caso correspondan.
            Y a propósito de ello, se destaca nuevamente la necesidad de que, a
            través de la pronta intervención de las más altas autoridades del Poder Ejecutivo, sean
            revisadas las respuestas negativas que algunos de los organismos que lo integran, han dado
            a los requerimientos del tribunal oral, las que, como se señalara, obstruyen "de
            manera evidente el accionar de la justicia toda vez que compromete el debido
            esclarecimiento de los hechos materia de juzgamiento".