Esta Unidad Especial de Investigación del atentado del 18 de julio de 1994 contra la sede de la AMIA, fue creada en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional mediante el decreto nº 452 del año 2000, como respuesta al reclamo que entre otros le hiciera la Comisión Bicameral Especial de Seguimiento de la Investigación de los Atentados a la Embajada de Israel y al Edificio de la AMIA, para que coordine la acción de los distintos organismos del Estado destinada al esclarecimiento de lo ocurrido y a la identificación de aquellos que fueran sus responsables.

Fue a ese fin integrada por distintas cuerpos de especialistas de la Policía Federal, la Prefectura Naval, la Gendarmería Nacional, la Secretaría de Inteligencia de la Nación y el Servicio Penitenciario Federal -a las que luego se agregaron los de la Oficina Anticorrupción- y cuenta además con esta Secretaría encargada de arbitrar con las autoridades centrales de esos organismos, los recaudos necesarios para lograr un eficaz desempeño, en procura de la prosecución de las pesquisas que aún se encuentran pendientes, tras la clausura de la instrucción judicial que se ordenara en relación con aquellas cinco personas a quienes se está ya juzgando por la participación que se les endilga en el tremendo hecho criminal que nos ocupa.

También para ello se concentró entonces la coordinación de sus acciones en un funcionario con jerarquía política y capacidad de decisión suficientes como para garantizar aquellos objetivos, y se dispuso además que todos los organismos del Estado nacional dieran urgente y preferente despacho a sus requerimientos, y que garanticen el acceso irrestricto a toda clase de documentación, informe o archivo que posean y pueda resultar de utilidad para la investigación.

Y sin perjuicio de las otras funciones de asistencia que se le han encomendado, entre las pesquisitivas se ha dispuesto que atienda de modo directo los requerimientos que se le formulen en la instrucción principal del atentado, tanto como en las actuaciones que de cualquier manera se le vinculen; habiendo quedado establecido que podría además efectuar otras investigaciones por iniciativa propia, comunicando sus resultados a las autoridades intervinientes.

Así, desde un inicio le fue indicado a esta Secretaría que arbitre lo necesario para dar respuesta a los requerimientos de investigación formulados tanto por los organismos oficiales que intervienen en la instrucción a cargo del juez Galeano o las que se le vinculen, como por las partes querellantes que también allí actúan.

Se recuerda que ya en el informe de gestión de esta Secretaría presentado en noviembre del pasado año 2002, se reseñó el modo en que se la instruyó para que coordine cuanto fuera necesario para profundizar la pesquisa en relación con una veintena de cuestiones de diversa naturaleza que se encontraban pendientes de aquellas que originariamente se encomendaran a distintos organismos del Poder Ejecutivo Nacional, cuando aún no se había constituido esta Unidad.

Así, tanto el juez Galeano como los fiscales del caso dispusieron la profundización de la investigación mediante diversos cursos de interés que en su generalidad y amplitud, pasaron entonces a constituir el plan inicial de acción que adoptara esta Unidad para el curso del pasado año, el que se centró en los treinta puntos de pesquisa que ya fueran reseñados en el anterior informe –a los que se remite- y que se integró además con algunas otras cuestiones acerca de las cuales requirieron los representantes de AMIA, al tiempo de señalar el deterioro institucional expuesto en la instrucción y requerir también el esclarecimiento de las irregularidades advertidas, como otra línea de investigación del atentado.

Sobre el punto, ya se reseño cómo el modo en que se concretó la investigación desde sus inicios puso en evidencia una acumulación de situaciones equívocas ocurridas en distintas etapas de la instrucción; lo que determinó que el esfuerzo pesquisitivo se encauzara con la apertura de una nueva línea de investigación con el fin de proceder al estudio de todo este cúmulo de irregularidades para, así, estar en condiciones de confirmar o descartar su condición de piezas del entramado de planificación, ejecución y encubrimiento del atentado, y determinar si los autores del crimen se han beneficiado de la ilícita cobertura de toda una serie de personas que por las funciones a su cargo, estaban obligadas a contribuir a su sometimiento a la acción de la justicia.