En el curso del presente semestre, sea por orden del juez Galeano o del tribunal encargado del juicio se dispusieron nuevas medidas de protección personal y se continuó con las ya ordenadas en relación con diversos testigos y, en su caso, sus respectivos grupos familiares.

En aquellos casos en que el protegido se encontraba alojado en dependencias del Servicio Penitenciario Federal, se requirió la intervención de este organismo integrante de la Unidad, a través de la Subsecretaría de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios de este Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos; en tanto que en los casos en que fue necesaria protección domiciliaria, se hizo y hace a través de la destacada colaboración del personal de la Prefectura Naval que integra también esta Unidad.

Además, tras las gestiones que ya fueran reseñadas en el primer informe y que estuvieran destinadas a prever cuanto fuera necesario para el cumplimiento de otras medidas de protección distintas a la custodia personal, que aquellos magistrados pudieran ordenar a través de la Oficina de Protección de Testigos que funciona en el ámbito de este Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, corresponde ahora nuevamente insistir con que aún cuando esa Oficina continúa hoy colapsada por el costoso cumplimiento de la labor que la ocupa, precisamente por ello, es que con la previsión que la cuestión implica, a efecto de cumplir acabadamente con el expreso compromiso del Estado nacional con el curso de la investigación, se requiere de la urgente intervención de los funcionarios competentes para obtener con la diligencia del caso, entre otras cosas, las partidas presupuestarias que sean necesarias para encontrarse en condiciones de brindar a través de esa Oficina especializada, la protección del caso en el momento en que la Justicia así lo disponga.