La investigación del atentado contra la sede de AMIA debe constituir una
cuestión de Estado; y la cuestión supera el enfoque singular de una causa donde se
investiga un ilícito, para transformarse en una cuestión de gravedad institucional donde
se pone a prueba tanto la capacidad del Estado argentino para lograr Justicia y condenar a
los culpables, como así también la voluntad de las autoridades gubernamentales en
esclarecer el hecho.
Fue en atencion a ello que, en su momento, se creó en la órbita del
Poder Ejecutivo esta UNIDAD ESPECIAL DE INVESTIGACIÓN, para que coordine la acción de
los organismos de la administración pública, en procura de la profundización de la
investigación aún pendiente y la dilucidación de lo efectivamente ocurrido en torno al
hecho pesquisado.
El informe que se acompaña reproduce el presentado por la Secretaría
Ejecutiva de esa UNIDAD a las máximas autoridades de este Ministerio, en reseña de la
gestión que se llevó adelante desde noviembre del año pasado, cuando quien suscribe
fuera convocado a desempeñarse tras la renuncia de la Dra. Nilda Garré.
Sólo se ha suprimido la transcripción de algunas de sus partes, en
virtud del resguardo de reserva que corresponde dar a su contenido; aunque completo ya ha
sido remitido por el Secretario de Justicia y Asuntos Legislativos, a las autoridades
judiciales intervinientes y a las instituciones comunitarias directamente afectadas por el
tremendo hecho criminal.
En su primer mitad, refiere la labor que se llevó adelante para la
profundización de cada una de las distintas líneas de investigación que conformaron el
plan de acción adoptado para el curso del año, sea que aquellas aparezcan como propias
de las etapas de planificación, cooperación y ejecución del atentado, sea que resulten
más vinculadas con las que le sucedieran y pudieran haber estado destinadas tanto a hacer
desaparecer los rastros o pruebas del delito, como a ayudar a sus responsables a eludir
las investigaciones; asi como reseñó cuanto se realizara en procura de la obtención de
un más apropiado marco institucional en la administración pública para proveer a los
investigadores de la información que aún se necesita.
En la segunda parte, se destacan especialmente diversas situaciones de
interés. Algunas, referidas a la tarea parcialmente desarrollada y que corresponde
profundizar en procura de mayor información, vinculada tanto con lo que se ha dado en
llamar "conexión internacional" como con el rastreo de los movimientos de
fondos dinerarios en el exterior de aquellos a quienes se atribuye alguna participación
ilícita. Otras, que también han sido reseñadas en extenso y requieren el concurso de
diversas instancias institucionales, para la superación de los múltiples obstáculos que
aún hoy se enfrentan al avance diligente de la investigación.
Entre estas últimas, se señalan en el informe aquellas que se
vinculan sustancialmente con cuanto -ya desde esta UNIDAD, ya desde el tribunal encargado
del juicio oral y público-, se ha requerido a quien hoy ejerce la titularidad del Poder
Ejecutivo Nacional en relación con la Secretaría de Inteligencia, para que se levanten
las limitaciones fijadas a sus agentes y puedan declarar sobre la actuación que les cupo
en la investigación del atentado; para que se levante también el secreto de las
investigaciones internas que se han llevado adelante sobre numerosas irregularidades que
se denunciaran cometidas en esa actuación; y finalmente para que se profundicen esas
investigaciones sobre distintas cuestiones que se consideraron deficientemente pesquisadas
hasta el momento.
Asimismo, se ha señalado también otro grupo de cuestiones, a
propósito de las cuales se ha instado la intervención de las autoridades de los otros
poderes del Estado, para que no se retraiga el compromiso de todas sus instancias
institucionales, en orden al control que les compete hacer del cuestionado desempeño que
algunos han demostrado, según también fuera expuesto en detalle, y en procura de la
revisión del actuar de los que, como se señalara, "obstruyen de manera evidente el
accionar de la justicia y comprometen el debido esclarecimiento de los hechos materia de
juzgamiento".
Para concluir, el informe que se eleva incluye también la propuesta de
un plan de acción concreto para el próximo período; y en vista del desarrollo de cuanto
queda por hacer, en sus concluciones se ha señalado que "se estima necesario que se
transmita a todos y cada uno de los organismos de cualquiera de los poderes del Estado a
los que les corresponda intervenir, la necesidad de revertir la falsa idea que pueda
haberse concebido acerca de que el esfuerzo investigativo puede ya limitarse en vista de
que se está desarrollando un juicio oral y público sobre algunas personas a las que se
atribuye participación en el atentado".
Muy por el contrario. Se ha expuesto también en el informe la
confianza en que el despliegue de la tarea que viene desarrollando el tribunal encargado
del juicio, no sólo ha de permitir arribar a la justa determinación de las
responsabilidades penales que corresponden, sino que contribuirá además y decididamente
con la dilucidación de muchas de las numerosas cuestiones que aún se encuentran
pendientes; y que por ello es precisamente que la tarea que queda por delante aún es
mucha.
Con todo, el final del juicio nunca será el final de cuanto debe
investigarse. Y como ya se expusiera, "reclamamos e impetramos el derecho al pleno
conocimiento de los hechos. Conocer la verdad, toda la verdad: de eso se trata. Y
sancionar a los culpables y a los responsables; intelectuales y materiales; instigadores,
ejecutadores, financiadores, cómplices y encubridores. Por acción o por omisión.
Repetimos: a todos. No es una pretensión utópica. Es la respuesta que esperamos".
Y es además la respuesta que nos hemos obligado a dar.
Alejandro L. Rúa
Unidad Especial de Investigación