Se ha señalado reiteradamente que la investigación de los atentados a la
embajada de Israel y al edificio de la AMIA debe constituir una cuestión de Estado; así
como se ha declamado siempre el compromiso que cada uno de los poderes del Estado deben
asumir con la profundización de las pesquisas aún pendientes, en atención a que
"la cuestión supera el enfoque singular de una causa donde se investiga un ilícito,
para transformarse en una cuestión de gravedad institucional donde se pone a prueba tanto
la capacidad del Estado argentino para lograr Justicia y condenar a los culpables, como
así también la voluntad de las autoridades gubernamentales en esclarecer el hecho".
En tal sentido se han pronunciado todas y cada una de las autoridades
publicas de cualesquiera de los poderes del Estado a las que les tocara vincularse de
algún modo con la cuestión; y fue en atención a ello que al marco de excepción con que
desde el poder judicial se procuró resguardar la instrucción del caso, debió sumarse
luego la actuación de los otros poderes, sea con la conformación de un grupo especial de
fiscales designados en la órbita de ese ministerio público, sea con la de aquella
comisión especial de seguimiento de la investigación en la que participaran
representantes de ambas cámaras legislativas.
Y fue también así que, en su momento, se creó en la órbita del
poder ejecutivo esta Unidad Especial de Investigación, para la cual fui convocado hace
hoy exactamente un año y medio -cuando habían pasado ya más de siete desde el inicio de
la investigación judicial en curso, que fue clausurada sólo parcialmente en relación
con aquellas cinco personas a quienes se endilga haber contribuido con los autores del
atentado-, y a partir de lo cual hice propio el compromiso irrenunciable de promover la
compleja investigación subsistente, y la decisión de no abandonar para ello ninguna
línea de pesquisa, de las numerosas que aún se encontraban pendientes, en procura de la
dilucidación de lo ocurrido en torno al hecho investigado.
La reseña concretada en el primer informe de gestión y en cuanto
antecede permite ilustrar sobre la labor que se llevó adelante en relación con la
determinación de cada una de las diversas cuestiones, sea que aparezcan como propias de
las etapas de planificación, cooperación y ejecución del tremendo hecho criminal que
nos ocupa, sea que resulten más vinculadas con las que le sucedieran y pudieran haber
estado destinadas tanto a hacer desaparecer los rastros o pruebas del delito, como a
ayudar a sus responsables a eludir las investigaciones; así como se ha reseñado cuanto
se realizó en procura de la obtención de un más apropiado marco institucional en la
administración pública que permita proveer a los investigadores de la información que
aún se necesita.
Pero todo lo actuado también ha permitido advertir la necesidad de que
se procure a través del concurso de diversas instancias institucionales, la superación
de los múltiples obstáculos que aún hoy continúan enfrentándose al avance diligente
de las investigaciones, según fuera también reseñado con detalle.
Así, entre las primeras cuestiones se han señalado algunas que pueden
resultar superadas con la sola intervención de las autoridades en el ámbito de este
mismo Ministerio de Justicia; como son las que se vinculan con cuanto es necesario prever
para estar en condiciones de cumplir con los compromisos de protección personal o de
recompensa pecuniaria para aquellas personas que aporten información de utilidad con
destino al avance de las pesquisas, o aquellas otras vinculadas con el aprovisionamiento
técnico o la recomposición del personal en algunas áreas de trabajo, según ya se
refiriera.
Otras, de mayor entidad, algunas de las cuales ponen incluso en juego
la verdadera jerarquía política y capacidad de decisión de la que se dice haber dotado
a esta Unidad para el cumplimiento de sus funciones, requieren la intervención que se ha
instado de aquel que ejerce hoy la titularidad del Poder Ejecutivo Nacional y se vinculan
sustancialmente con cuanto -ya desde esta Unidad, ya desde el tribunal encargado del
juicio oral y público-, se reclama en relación con la Secretaría de Inteligencia de la
Nación, según también se ha reseñado, sea para que se levanten las limitaciones
fijadas para que sus agentes puedan declarar sobre la actuación que les cupo en la
investigación del atentado; sea para que se levante también el resguardo de
confidencialidad de las investigaciones internas que se han llevado adelante sobre las
irregularidades que se denuncian cometidas en esa actuación; sea para que se profundicen
esas investigaciones sobre diversas cuestiones que se consideraron deficientemente
pesquisadas hasta el momento; o sea finalmente para que cumpla con su deber y autorice el
acceso a la documentación que reserva y al que tiene legítimo derecho esta Unidad.
Finalmente, hay también otro grupo de cuestiones que requieren la
intervención que también se ha instado de las autoridades de otros poderes del Estado,
en orden al control que les compete hacer del cuestionado desempeño que algunos
magistrados han demostrado, en desmedro de las facultades con que cuenta esta Unidad para
llevar adelante la profundización de las pesquisas a que está destinada, según también
fuera expuesto en detalle.
Y así también es imperioso reclamar que se produzca de una vez la
pronta entrada en funcionamiento de las dos comisiones legislativas especiales ("de
Seguimiento de la Investigación de los Atentados a la Embajada de Israel y el Edificio de
la AMIA", y "de Fiscalización de las Actividades y Organismos de
Inteligencia"), como se requiriera reiteradamente desde esta Unidad, para que no se
retraiga el compromiso que con el avance de la investigación corresponde a todos y cada
uno de los poderes del Estado, y porque a ellas se impone que procuren también la
revisión del actuar de aquellos que, como se señalara, obstruyen de manera evidente el
accionar de la justicia y comprometen el debido esclarecimiento de los hechos materia de
juzgamiento.
Para concluir, en vista del desarrollo de cuanto queda por hacer,
corresponde insistir también hoy en la necesidad de que se transmita a todos y cada
uno de los organismos de cualquiera de los poderes del Estado a los que les corresponda
intervenir, la necesidad de revertir la falsa idea que pueda haberse concebido acerca de
que el esfuerzo investigativo puede ya limitarse sea en vista de que se está
desarrollando un juicio oral y público sobre algunas personas a las que se atribuye
participación en el atentado, sea porque alguien sospechosamente ha intentado instalar la
tendenciosa idea acerca de que el asunto ya se encuentra esclarecido.
Se ha expuesto ya la confianza en que el despliegue de la tarea que
viene desarrollando el tribunal encargado del juicio, no sólo ha de permitir arribar a la
justa determinación de las responsabilidades penales que corresponden, sino que
contribuirá además y decididamente con la dilucidación de muchas de las numerosas
cuestiones que aún se encuentran pendientes; y corresponde ahora expresar además que la
investigación tampoco se ha agotado con los informes presentados en este período, sino
muy por el contrario.
Y por ello es precisamente que -aún compartiendo con las autoridades
de AMIA, su disconformidad con la actuación a cargo del juez Galeano y las críticas al
deterioro institucional que expusiera y los llevara a procurar "que alguien distinto
investigue todo lo que se reunió y lo que aún se puede obtener sobre lo que fue el
trágico 18 de julio"-, la tarea que queda por delante aún es mucha y
lamentablemente no se está ni cerca del final de cuanto corresponde hacer.
Así, la gestión al frente de esta Secretaría me ha permitido
advertir que a casi nueve años de instrucción judicial, hay muchas cosas que aún pueden
hacerse en procura de la obtención de mayores elementos probatorios para la
profundización de la investigación del atentado que nos ocupa; y estas medidas de
investigación concretas han sido reclamadas en este tiempo con insistencia, tal como ha
sido reseñado en este informe y en el anterior que se presentara.
Y al respecto no puede dejar de advertirse, de un lado, que la
concreción de una buena parte de esas diligencias restantes se ha enfrentado con aquella
política obstruccionista a que se hiciera ya extensa referencia -y que obstaculiza
también el debido avance del juicio público hoy en curso-; y de otro, que
lamentablemente no ha podido encontrarse aún el debido cause institucional necesario para
poder superarla en procura del demorado avance de las investigaciones.
Por ello, y ante la inicio de un nuevo período institucional, resulta
conveniente expresar ello con toda claridad:
La creación de esta Unidad Especial de Investigación en el ámbito
del Poder Ejecutivo Nacional respondió al reclamo que con insistencia se le hiciera para
que coordine la acción de sus distintos organismos, y fue expresión clara de la voluntad
política del Gobierno Nacional de facilitar sin claudicaciones de ninguna índole y en
todo cuanto estuviere a su alcance la acción de la justicia, a fin de arribar al completo
esclarecimiento de los hechos.
Y si no se sostiene en la emergencia aquella voluntad, actuando pronta
y decididamente, tanto en respaldo de las expresas facultades que esta Unidad tiene en la
letra de la ley para dirigir las acciones que a la Administración le corresponden en
relación con el caso, como de la jerarquía política y capacidad de decisión que le
fueran inicialmente conferidas para garantizar que esa coordinación no quede precisamente
sólo en la letra de la ley, ningún sentido tiene seguir manteniéndola pour la
galerie; y aquella prueba a que se alude en el párrafo inicial de estas conclusiones
y que compromete tanto la capacidad del Estado argentino para lograr justicia como la
voluntad de las autoridades gubernamentales en esclarecer el hecho, se habrá perdido una
vez más y casi definitivamente.
Alejandro L. Rúa
Unidad Especial de Investigación