Al respecto, corresponde también destacar que la actuación que recién se reseñara dio lugar además a la denuncia que –en el período del que se ocupa este informe- se presentó ante el Consejo de la Magistratura para que el juez instructor sea separado de su cargo entre otras cosas por la posible comisión de los delitos de encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público y mal desempeño inexcusable, en orden a "la necesidad de que la Comisión de Acusación de ese Consejo se aboque sin demora y con absoluta dedicación al análisis del juicio político, por la gravedad de las imputaciones y por la lamentable y paradójica circunstancia de que el juez Galeano sigue a cargo de la instrucción de la causa AMIA, la más dramática –por la cantidad de muertos y heridos- de la historia reciente de nuestro país, que lamentablemente muestra una instrucción más que deficiente y un nivel de esclarecimiento casi inexistente".

En su presentación, la ex secretaria Garré, con base sustancial en cuanto se reseñó en los párrafos anteriores, endilgó al juez instructor "no ordenar durante dos años un testimonio ampliatorio del testigo clasificado como de identidad reservada e identificado en la causa con la letra ‘C’, cuyos testimonios fueron reservados y ocultados a todas las querellas menos una y a las defensas, a pesar de las gravísimas imputaciones que contienen", agregándose que "el juez no investigó ni amplió oportunamente estas declaraciones y tampoco lo hizo no obstante la reiterada solicitud en ese sentido de... la Unidad Especial de Investigaciones del PEN, ya sea para profundizarlas o para desestimarlas total o parcialmente".